RENOVAR EL CONSENSO EN VISTAS AL FUTURO

         En vistas al futuro, desde la realidad peninsular e insular de España, situada al Sur-Oeste de Europa, fronteriza al Noreste con Francia, al Oeste con Portugal y, al sur, con el Mar mediterráneo y Marruecos, conviene tener ideales políticos con visión de consenso, descentralización y solidaridad; cohesión social, territorial y económica; sentido internacional, y defensa y garantía de derechos fundamentales, en el marco de la Unión Europea.

         En tiempos, en plena Primera Guerra Mundial, Bertrand Russell, el año 1917, escribió dos libros en los que tuvo el valor y el coraje de defender el pacifismo y el cooperativismo internacional  (Ideales políticos), así como el de postular la necesidad de conjugar al máximo la libertad y la justicia económica (explorando cómo podría construirse el mundo en Caminos de libertad: socialismo, anarquismo y comunismo). A finales de la década de 1930, cuando se propagaban los totalitarismos, él mismo consideró que la clave para entender la naturaleza humana estaba en el poder, y que su futuro, el de la naturaleza humana, iba a depender de ser o no capaces de domar al poder, apostando por la democracia frente a los abusos de poder, las oligarquías y las tiranías.

         En España, con posterioridad a la denominada Revolución de los claveles del 25 de abril de 1974, que terminó con la dictadura salazarista y que dominaba Portugal desde 1926, se buscaba también la posibilidad de lograr un Estado Nuevo, restaurando el sentido democrático. De hecho, desde finales de 1975 hasta finales de 1978, se produjo una gran actividad desde distintos ámbitos de la sociedad, e incluso desde las instituciones, que fraguaron en la necesidad de consenso, en el curso de 1976/77, con el fin de pasar página a la denominada “democracia orgánica” y alcanzar la democracia parlamentaria representativa de las distintas opciones políticas.

         Como indica Gregorio Peces Barba (en Estudios sobre la Constitución Española), un primer modelo de consenso era entre las fuerzas conservadoras: Unión de Centro Democrático (UCD) y Alianza Popular. Luego, un segundo modelo era Partido Socialista (PSOE)-UCD, núcleo que tomaría la iniciativa y al que se sumarían de inmediato los Nacionalistas Catalanes, el Partido Comunista, y algún sector de Alianza Popular que lideraba Manuel Fraga. En ese segundo modelo ya hubo un consenso amplio de lo que los constitucionalistas denominan la parte dogmática: derechos, principios y valores, ya que era la forma pertinente de lograr una integración. Desde ahí, se comprende la complejidad del consenso, incluyendo tanto los distintos sentires sobre Educación  y sobre la opción republicana como el hecho diferencial y territorial en el Estado. Por ello, en esa complejidad, se llegó también al consenso en el que el Jefe del Estado simboliza la unión y la permanencia del Estado, pero carece de toda prerrogativa, y no es ni poder legislativo, ni poder ejecutivo, ni poder judicial. Dice Peces Barba: “se llegó a una integración porque hubo algunas ideas –ninguna institución puede funcionar si no hay unas ideas comunes- en las que todos estaban de acuerdo. Esas ideas eran los valores superiores, los derechos fundamentales, los principios de organización de los poderes”.

         La reforma de la Constitución de 1978 tendría sentido si alguna dimensión de su eficacia fallase. El tema es complejo. El consenso optó por la estabilidad y por la cohesión solidaria. El consenso optó por un deseo de larga vida a la Constitución de 1978. Basta con leerse atentamente el Título X de la misma (“De la reforma constitucional”).

         Lo prioritario, ahora mismo, es un nuevo consenso con el fin de garantizar derechos fundamentales, a la luz de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea de marzo de 2010 (dignidad humana, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía, y justicia), y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, cuya vocación teórico-práctica era garantizar un nivel de vida digno a toda persona y su familia, asegurando la salud pública, el bienestar, la alimentación, el trabajo y la cobertura social, la vivienda, y los cuidados y asistencias especiales en caso de necesidad.

         Es, pues, prioritario establecer cuáles son los derechos fundamentales y que sean garantizados mediante el correspondiente control público del Estado.