martes, 28 de noviembre de 2017

DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO (OCTAVO RECORDATORIO CONSTITUCIONAL)

     Con motivo de la crisis catalana, un grupo de profesores de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo de varias Universidades, ha dado a conocer, el 20 de noviembre de este año 2017, un documento que lleva por título IDEAS PARA UNA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN. En el preámbulo o presentación, tras señalar la crisis constitucional del momento, hacen un llamamiento sobre la imperiosa necesidad de abrir un camino para la reforma de la CE y, de forma específica, sobre el "Modelo de organización territorial" (Título VIII).
     El documento consta de cinco partes:
1) sobre el sentido de la iniciativa - pues más allá de la legalidad, y una vez restablecida, procede abordar un diálogo para buscar un acuerdo democrático-.
2) ¿Por qué y cómo reformar ? -pues se trata de abordar los problemas más relevantes del modelo territorial, desde el presupuesto de una necesaria reforma pero no de un proceso constituyente-.
3) ¿Qué debe reformarse en el modelo territorial actual? -abordando el tema del Estatuto, competencias, participación autonómica en las decisiones del Estado, instrumentos y órganos de colaboración, y modelo de financiación-.
4) "Las reformas en relación a Cataluña".
5) "Un último apunte sobre el método".
     El documento merece la pena leerse con detenimiento. Se trata de iniciar un tiempo de reformas, conforme a prioridades y procedimiento.
     Sabemos que, en la actualidad, el Estado se organiza territorialmente en Municipios, en Provincias y en  Comunidades Autónomas, y que todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (art. 137 del Título VIII). Pero sabemos también que el Estado debe garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad, por lo que "las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales" (art. 138, 1 y 2).
     La Administración Local (Título VIII, capítulo II) es abordada en los arts. 140 al 142 (contemplando la realidad de los municipios, las provincias y sus Diputaciones o Corporaciones y, en los archipiélagos, los Cabildos y Consejos). Las Comunidades Autónomas son objeto del cap. III, del art. 143 al 158.
     La cuestión de los Estatutos, norma institucional básica de cada Comunidad,  se trata en el art. 147, dejando claro que "el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico". Ese es un primer punto clave. Viene, después, el de las competencias de las Comunidades (art.148); y, a renglón seguido, las materias que son competencia exclusiva del Estado (art. 149).
     Teniendo en cuenta lo anterior, conviene leer atentamente el artículo 150 y siguientes -siempre en el marco de los principios, bases y directrices fijados en la Ley estatal- hasta terminar el título VIII en el art. 158, y situarnos en el contexto actual y en la crisis constitucional en la que estamos, que ha dado lugar a la aplicación del art. 155, que pretende proteger el interés general.
     Hoy resulta cada vez más claro que es necesario encarar una reforma constitucional para poder celebrar el 40 aniversario de la Ley de Leyes, dentro de un año, con paz y armonía, con sentido de solidaridad y de respeto mutuo, para lograr una mejor convivencia de toda la ciudadanía española.
     Muy importante el tema de los recursos económicos de las Comunidades Autónomas y la calidad que tengan los servicios y actividades estatales que hayan sido asumidos en dichas Comunidades (arts. 157 y 158).
     En el contexto actual, parece ineludible iniciar un "tiempo de reformas" que, sin duda, como dicen los profesores que suscriben el documento antedicho, afectará a la Constitución pero también a los Estatutos de Autonomía y a diversas Leyes.
     Habrá que dilucidar cuáles son las reformas prioritarias y, además, la posibilidad real de alcanzar acuerdos para reformar la Constitución.
     Sin duda, en la actualidad, toda reforma legal, y más la constitucional, debe tender a su aprobación con el mayor consenso posible, pero siendo conscientes de dos cosas:
A) estamos ante un supuesto de reforma, al que la Constitución exige una determinada mayoría de 3/5 ó de 2/3 del Congreso y el Senado, según se aplique el procedimiento ordinario (art. 167 CE) o el más complejo (art. 168 CE) -reservado a modificaciones del Título Preliminar, a la sección 1 del Capítulo 2º del Título I (sobre derechos fundamentales) o al Título II (sobre la Corona).
B) Si se logra desterrar del imaginario colectivo el miedo a la reforma constitucional, el consenso podrá producirse no al principio del proceso sino, en todo caso, como consecuencia del bien hacer en las negociaciones que deban realizarse y materializarse durante el proceso y su desarrollo final.
     Importante, pues, reconocer la función integradora y de renovación de legitimidad que puedan significar las reformas que se lleven a cabo, de momento sobre la organización territorial, conjugando solidaridad y autonomía.


lunes, 13 de noviembre de 2017

INTERÉS GENERAL, ECONOMÍA Y HACIENDA (SÉPTIMO RECORDATORIO CONSTITUCIONAL)



Toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, debe estar  subordinada al interés general. Ese es el gran reto constitucional -recogido en el Título VII, sobre Economía y Hacienda (artículos 128 al 136 de la CE)-.
El reto indicado implica un especial sentido de responsabilidad compartida, de planificación, de modernización; de equilibrio presupuestario; de solidaridad interterritorial; de estabilidad presupuestaria y participación efectiva de los distintos ámbitos, incluso sociales (empresariado y personas trabajadoras, en el art. 129).
Concretamente, en el art. 135, 5, se establece que
una Ley Orgánica desarrollará los principios enunciados, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de la coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera.


Ello implica regular: a) la distribución de los límites del déficit y de la deuda; b) el cálculo del déficit estructural; c) la responsabilidad de cada Administración Pública, en su caso, por  incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.


El tema es de tal importancia que, además de la coordinación institucional, es imprescindible un Tribunal de Cuentas como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público, con dependencia directa de las Cortes Generales (art. 136, 1).
Como en el caso del Poder Judicial, "Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces" (art. 136, 3).
En consecuencia, el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades Locales tendrán que conjugar la coordinación institucional en las cuestiones presupuestarias con la gestión económica, la planificación, la mejora del producto interior bruto y la subordinación de la riqueza, de toda riqueza,  al interés general.

¿Qué es lo que suele fallar? Pues... el sentido de solidaridad, la coordinación, la participación efectiva, y la supeditación del interés particular al interés general. Ahí es donde resulta difícil avanzar en la relación entre Ética y Política, absolutamente necesaria en cualquier reforma constitucional en un Estado Social y Democrático de Derecho.
 



martes, 7 de noviembre de 2017

DEL PODER JUDICIAL (sexta parte del recordatorio constitucional)

"Del Poder Judicial" trata el Título VI de la Constitución Española (CE), en los arts. 117 al 127. Quienes administran este Poder, es decir, Jueces y Magistrados, se consideran profesionales responsables, independientes y sometidos únicamente al imperio de la Ley (art. 117). Por eso, precisamente, es fundamental la separación de poderes y la no sumisión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo.

De hecho, concluye el título VI con un artículo muy claro, que dice lo siguiente:

"1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La Ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de Jueces , Magistrados y Fiscales.
2. La Ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos."



Por lo expuesto, llama la atención que se señalen desviaciones o se indiquen errores jurídicos, respecto de las anteriores exigencias. Sin embargo, en el momento actual, se nos ha alertado, en la crisis catalana, de sobreactuaciones impulsadas, auspiciadas o consentidas por la Fiscalía (ver el artículo de Baltasar Garzón: "¿Quo vadis Maza?" , en El País, del martes 26/IX/17, página 15); y también sobre "errores jurídicos en la causa contra El Govern catalán" que, el catedrático de Filosofía del Derecho y Política de la UPO (Sevilla), Ramón Soriano, señala en estas fechas, sobre competencia o no de la Audiencia Nacional, sobre el supuesto delito de rebelión - puesto que no ha existido alzamiento con violencia-, y otros aspectos de procedimiento y medidas cautelares.



Por eso, tal vez, convenga también recordar el art. 123, que dice en su apartado 1.: "El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales."
Por lo que respecta al Ministerio Fscal (art. 124) , su misión principal es promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.



No es un tema fácil. Tampoco lo es la composición del Consejo General del Poder Judicial (art. 122, 3.), ni la nominación del Presidente del Tribunal Supremo (art. 123, 2.), ni la nominación del Fiscal General del Estado (art. 124, 4 (nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial). Es un tema complejo. Pero es importante que la Justicia actúe profesionalmente, de forma responsable e independiente. Sin ello, fallaría constitucionalmente la necesaria y justa separación de poderes.





viernes, 27 de octubre de 2017

¿QUÉ HACER ANTE UN CONFLICTO SECESIONISTA? (QUINTA PARTE DEL RECORDATORIO CONSTITUCIONAL)

     Constitucionalmente hay un artículo, el 155, que contempla la posibilidad de afrontar los conflictos territoriales con las Comunidades Autónomas, de convicciones colectivas o culturas encontradas, si fracasan el diálogo y las negociaciones parlamentarias o sociales. Mientras no haya otra normativa consensuada, ese artículo de la CE de 1978, que es el 155, es una posibilidad práctico-práctica.  Pero... ¿Qué dice?  ¿Qué implica ese artículo?

 El referido artículo 155 dice textualmente:

"1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas."


Este artículo 155, ante la amenaza -también practico-práctica- de una secesión, con el fin de instaurar una República Independiente Catalana, vendría a aplicarse en relación con el supuesto cultural de 1978, formulado en el artículo 1º del Título Preliminar de la CE, que dice así:


1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.


Ese fue el fruto cultural jurídico, al final de la década de los 70, que permitió pasar de la Dictadura a la Democracia. ¿Puede actualizarse? ¿Puede reformarse?
Si lo quisiera la mayoría del pueblo español, por supuesto que sí, y además, dentro de lo también previsto en el Título X: "De la reforma constitucional", puesto que la realidad histórica es compleja, dinámica, humana y abierta al futuro.


En cuanto al Título III, "De las Cortes Generales", tenemos el capítulo primero (De las Cámaras) en el que el Congreso (quizás con un exceso de representantes o diputados) y el Senado (como cámara de representación territorial) "representan al pueblo español"; el capítulo segundo establece el articulado "De la elaboración de las leyes" (arts. 81-92), dejando claro que "la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras" (art. 87. 1), y contemplando, además, que "Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de Ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea  encargados de su defensa." (art. 87. 2). El capítulo tercero habla "De los Tratados Internacionales" (arts. 93-96), en donde vuelve a tener importancia especial no sólo las Cortes Generales sino también el Tribunal Constitucional, en su caso (art. 95).


El Título IV trata "Del Gobierno y de la Administración (arts. 97-107). Queda claro que es el Gobierno quien dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y que tiene que ejercer su función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las Leyes (art. 97).


 "De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales", nos habla el Título V (arts. 108-116).  


     Probablemente, no muy tarde, las circunstancias del momento actualicen la importancia de este Título V, puesto que el Gobierno tiene que responder de su gestión política ante el Congreso de los Diputados (art. 108) y, en consecuencia, ante el conjunto del pueblo español.


Nota a tener en cuenta:






CADENA SER 
                   




"Mañana jueves, en el parlament, y pasado mañana, viernes, en el Senado, vamos a tener la última oportunidad de embridar este caballo desbocado". En estos términos se expresa el periodista Iñaki Gabilondo —en su comentario Dudas y discrepancias, en la Cadena Ser—.


De este modo, la opción de detener la actual dinámica del conflicto catalán pasa por un lado por "el parlament, descartando sin ambages la declaración de independencia". Y por otra por el Senado, "aparcando el 155".


"Este sería el sueño", afirma Gabilondo, quien por contra plantea también "la pesadilla": "Que pasado mañana viernes tengamos a la vez independencia y 155. Una hazaña que llevaría a esta generación de políticos al basurero de la historia".


Ahora mismo, ya estamos en un nuevo escenario.

miércoles, 4 de octubre de 2017

PRONUNCIAMIENTO DEL JEFE DEL ESTADO (CUARTA PARTE)

El Rey Felipe VI, que es el Jefe del Estado, conforme al Título II (De la Corona), art. 56, 1 de la Constitución de 1978, ha asumido la más alta representación del Estado Español, y ha señalado entre otras cosas las siguientes: 

1) Estamos viviendo momentos muy graves, por la pretensión de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña.
2) Determinadas autoridades de Cataluña, de forma reiterada, consciente y deliberada, vienen incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía... lo que muestra una deslealtad hacia un Estado que, precisamente, esas autoridades representan en Cataluña.
3) Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada, e incluso puede ponerse en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España.
4) Esas autoridades se han situado al margen del Derecho y de la Democracia... pretendiendo quebrar la unidad y la soberanía..., que es el derecho de toda la ciudadanía española a decidir democráticamente su vida en común.
5) Ante esta situación, mirando los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado de Derecho asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, así como el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.
6) Hay vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la Ley.
7) En la España constitucional hay, sin duda, un espacio de concordia y de encuentro con todos los conciudadanos.
8) El Estado de Derecho es garantía en la defensa de la libertad y de los derechos de toda la ciudadanía.
9) El deseo de esperanza de la mayoría es de convivir en paz y en libertad en una España mejor -en la que estará también Cataluña-.
10) Subrayar, ante todo el pueblo español, el compromiso con la Constitución y la Democracia, así como la entrega real en pro del entendimiento, en cuanto que símbolo de la unidad y permanencia del Estado Español.

Ese ha sido el sentido del pronunciamiento del Jefe del Estado.

No olvidemos que, según el art. 61, 1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, presta juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos de las Comunidades Autónomas.

Ahí estamos, en estos momentos muy especiales para nuestra vida democrática. Habrá que ver ahora cómo actúan, conforme al Título III, la Cortes Generales ( El Congreso y el Senado, art. 66 y ss.) - Poder Legislativo-, y, conforme al Título IV ("Del Gobierno y de la Administración"), el propio Gobierno (Poder Ejecutivo) que, según el art. 97, debe dirigir la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, en el ejercicio de su función ejecutiva. 

sábado, 30 de septiembre de 2017

LA VISPERA Y EL UNO DE OCTUBRE. RECORDATORIO CONSTITUCIONAL (TERCERA PARTE)

     En vísperas del 1 de Octubre, con el conflicto catalanista que tenemos en la casa común de España, tener en mi experiencia personal y comunitaria un sentido abierto a lo universal, me condiciona. Lo hispano-africano, e hispano americano, así como el sentido comunitario europeo me parece, en cierto modo, equidistante de lo que pueda ocurrir tras el 1 de octubre entre catalanistas y españolistas, dos modos provincianos de parte y parte de dos nacionalismos desmesurados, al fin y al cabo. 
   Fruto del desencuentro ya producido, en un contexto histórico de de globalización económica -que yo critico- en pro del Bien Común en una clara tendencia de mundialización creciente de la Comunidad Humana, ignoro si esa perspectiva personal y comunitarista  puede interesar. Sin embargo es, desde esa visión de las cosas y de las realidades históricas que reabro la lectura del título I de la Constitución, en sus capítulos III, IV y V, antes de pasar a la cuestión territorial catalanista, también ineludible.

     En efecto, el capítulo III: De los principios rectores de la política social y económica; el capítulo IV: De las garantías de las libertades y derechos fundamentales; y el capítulo V: De la suspensión de los Derechos y Libertades, merecen una visión más particular, aparte, antes de abordar la cuestión territorial del Título VIII de la Constitución... ¿Por qué?


     Porque la política es el arte de lo posible, el arte de vivir en paz, el arte de que "los principios rectores de la política social y económica" (cap. III) aseguren la protección social, económica y jurídica de la familia, la protección integral de los hijos, el deber de asistencia de los padres hacia sus hijos, y la protección de los menores -prevista en los acuerdos internacionales- (art. 39).  Pues son los poderes públicos los que deben promover las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa -en el marco de una política de estabilidad-, así como para garantizar la formación y readaptación profesionales, y las condiciones positivas del mundo laboral (art.40)... Y si eso no se consigue, es porque falla el arte de la política.
     Los poderes públicos deben de mantener un régimen público de Seguridad Social para toda la ciudadanía y sus necesidades (art. 41); e incluso el Estado velará por la salvaguardia de los derechos  económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero  -orientando incluso su política hacia el retorno, en su caso- (art. 42).
     Ese arte de la política social y democrática de derecho, reconoce el derecho a la protección de la salud, se compromete a organizar  y tutelar la salud pública, y se obliga a fomentar la educación sanitaria, la cultura del ocio, la educación física y el deporte (art. 43). Pero, caso de que eso falle, falla la política en favor de otras cosas...
     La cultura,  (art. 44), el medio ambiente y la calidad de vida (art. 45), la conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España (art. 46), es objeto del arte de lo posible, que es la política. Pero si no se garantiza una vivienda digna y adecuada (art. 47), si no se atiende suficientemente a la juventud y a su participación libre y eficaz (art. 48), si no se integra correctamente a personas con deficiencias físicas, sensoriales o psíquicas (art. 49), y no se garantiza la suficiencia económica de la ciudadanía mayor (denominada tercera edad) (art. 50), o se descuida la defensa de consumidores y usuarios (art. 51), o se dejan de regular las organizaciones profesionales que contribuyan democráticamente a la defensa de sus intereses económicos (art.52), entonces falla la política.
     El arte de la política, como modo de evitar la guerra y garantizar la convivencia en paz, tiene que establecer - haciéndolas efectivas - "las garantías de las libertades y derechos fundamentales" (capítulo IV). Pues los derechos y libertades reconocidos en el capítulo II del Título I de la Constitución de 1978, vinculan a todos los poderes públicos (art. 53). Pero si eso no es así, flaquea totalmente el arte de la política, que no puede reducirse ni al ámbito judicial ni menos a la fuerza policial. El Poder Judicial debe ser autónomo e independiente y estar sometido tan sólo a la autoridad de la Ley; y  la fuerza armada no puede sino estar sometida, en consecuencia, al poder político y a su autoridad, y al poder judicial.
     Hay que señalar, no obstante todo lo dicho, que hay un poder fáctico, un poder real operativo y condicionante de la política que es la economía y, más concretamente, el "fetiche del capital". Por eso, quizás, se dice en el art. 53, 3. que el reconocimiento, respeto y protección de los principios rectores de la política social y económica son los que informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Por ello, también, dada la dialéctica de la realidad, se contempla la Ley orgánica de la institución del Defensor del Pueblo, como Alto Comisionado de las Cortes Generales, para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución (art. 54).
     El Capítulo V, que cierra el Título I, es el que se titula: "De la suspensión de los Derechos y Libertades"... Se contempla incluso la posibilidad del "Estado de Excepción"... Pero ese es el fracaso de la política, de la negociación, del diálogo, de la convivencia... Ese es el signo externo de lo que no debe llegar a ser. La suspensión de derechos y libertades, aunque sea bajo orden judicial, revela la limitación sustantiva del ser humano y de la Ley.


     Ahí estamos el día 1 de Octubre de 2017.


     Mañana tendremos que empezar por reconocer la utilización injustificada o abusiva de la fuerza y la violación de derechos y libertades, si queremos volver a la autoridad política como arte de lo posible.
     Mañana, que es hoy, tenemos que partir de una situación rota, debido a la ceguera y la incapacidad política.
    
    

martes, 26 de septiembre de 2017

RECORDATORIO CONSTITUCIONAL (SEGUNDA PARTE)

La tarde del 25 de setiembre de este 2017, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, La Asociación "Derecho y Democracia" promovió una mesa de debate sobre "El conflicto catalán, ¿tiene solución?" Lo defendido en síntesis era atenerse al marco constitucional, reconociendo la soberanía en el conjunto del pueblo español, y abrir la posibilidad de diálogo político-institucional de escucha, entendimiento, negociación y reconciliación en su caso -no descartando la reforma constitucional pero afirmando la solidaridad interterritorial-. En la otra Universidad Pública, la UPO, se ha intentado por dos o tres vías  establecer una mesa de debate y participación pero no ha dado resultado. Por eso, quizás, convenga seguir con nuestro "Recordatorio Constitucional" que muy probablemente será necesario tenerlo en cuenta el día D (días después) del 1 de Octubre. 


                             constitucion

El Título Primero de la CE de 1978: "De los derechos y deberes fundamentales", se introduce con un art. 10 que fundamenta el orden político y la paz social en la dignidad de la persona, sus derechos inherentes, el desarrollo de la propia personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás. El referente que se establece para interpretar derechos y deberes fundamentales es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
El Capítulo Primero trata de los españoles y extranjeros, abriendo la posibilidad a concertar tratados de doble nacionalidad. Ahora bien, en el art. 13, 2. se establece que "solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el art. 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales." El art. 23. 1. reconoce el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes; y el art. 23, 2. establece el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
El Capítulo II: Derechos y Libertades (Arts. 14-38), comienza con una clara afirmación: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" (art. 14). En la sección sobre derechos fundamentales y libertades públicas, se contemplan y garantizan el derecho a la vida, la libertad ideológica, religiosa y de creencias; la seguridad y la libertad; el procedimiento de habeas corpus, en su caso (art. 17. 4); el derecho al honor, y a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen... (art. 18); la libre elección de residencia (art. 19); el derecho a expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones; producción y creación; libertad de cátedra; y derecho a recibir información veraz - sin que puedan restringirse estos derechos mediante ningún tipo de censura previa-, de modo que "sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial" (art. 20, 5). Se reconoce el derecho de reunión pacífica y, en el caso de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
Se reconoce el derecho de asociación (art. 22), prohibiéndose tan sólo las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar (art. 22. 5).
Se establece el derecho de las personas a obtener tutela efectiva de los jueces en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, evitando en todo caso la indefensión.
Muy importante el art. 25 que prohíbe expresamente ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que, en el momento de producirse, no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente.
Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito  de la Administración Civil y de las organizaciones profesionales (art. 26).
En cuanto a la Educación, que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, se establece la enseñanza básica como obligatoria y gratuita (art. 27. 4); y, además de la libertad de enseñanza,  se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la Ley establezca (art. 27. 1, y 10).
El art. 28 se afirma el derecho a sindicarse, con posibilidad de limitación de este derecho a Fuerzas e Institutos Armados; y se reconoce el derecho de huelga de las personas trabajadoras (art. 28. 2). Y, en el art. 29 se establece el derecho de petición individual y colectiva por escrito, indicando lo siguiente: "Los miembros de las Fuerzas o Institutos Armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica" (art. 29, 2).
Viene a continuación la sección De los derechos y deberes de los ciudadanos: defender España (art.30), sostenimiento de los gastos públicos (art. 31), derecho a contraer matrimonio (art. 32), derecho a la propiedad privada y su dimensión social (art. 33), derecho de fundación para fines de interés general (art. 34), deber y derecho de trabajar y de libre elección de profesión u oficio (art. 35); el régimen jurídico y democrático de los Colegios profesionales (art. 36); el derecho a la negociación colectiva (art. 37), y la libertad de empresa, así como la exigencia de su garantía por parte de los poderes públicos así como la defensa de la productividad -conforme a las exigencias económicas- y, en su caso, de la planificación.
El capítulo III: De los principios rectores de la Política social y económica; el capítulo IV: De las garantías de las libertades y derechos fundamentales; y el capítulo V: De la suspensión de los Derechos y Libertades, merecen una visión más particular, aparte.