La parte dogmática de la
Constitución, en su Título Primero: De los derechos y deberes fundamentales,
tiene algunas trampas, puesto que, tras establecer los capítulos 1) “De los
españoles y extranjeros”; 2) “Derechos y libertades” (con dos secciones:
primera, “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”; segunda,
“De los deberes y derechos de los ciudadanos”); y 3) “De los principios
rectores de la política social y económica”; en el capítulo 4) “De las
garantías de las libertades y derechos fundamentales”, en el artículo 53, 1 se
dice que sólo vinculan a todos los poderes públicos los derechos y libertades
reconocidos en el capítulo dos del Título Primero. Veamos, pues, lo que no se
garantiza y si es verdad que se garantiza la Educación Pública.
De los Derechos Humanos, quedan
dependiendo “De los principios rectores de la política social y económica”
(cap. III, arts. 39 al 52): la protección de la familia, de los hijos, de las
madres, de los niños…; la distribución más equitativa de las rentas, la
orientación hacia el pleno empleo, la formación y readaptación de profesionales…,
las vacaciones periódicas retribuidas…; el mantener el régimen público de la
Seguridad Social, asistencia y prestaciones sociales…, los derechos de los
emigrantes en el extranjero y su retorno; el derecho a la salud pública,
prestaciones y servicios, la educación sanitaria, la educación física y el
deporte… (“todo depende”… de la ideología dominante, de la situación, del
Gobierno y del “pecunio” o el moni moni). De los gobernantes dependen también
el acceso a la cultura, la promoción de la Ciencia y la Investigación
Científica, el derecho a disfrutar del Medio Ambiente (quizás porque el otro “Medio”
no pueda ya disfrutarse), la utilización de los recursos naturales, … la
conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico (que tanto trabajo
podría dar); el derecho a disfrutar de una vivienda digna (art. 47)…; la
participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y
cultural; la política de integración de personas disminuidas desde el punto de
vista físico, sensorial o psíquico (“todo depende”)…; incluso las pensiones… y
la suficiencia económica durante la tercera edad…; la defensa de consumidores y
usuarios, o la defensa de los propios intereses económicos. Todo esto y algo
más depende de la política social y económica de los distintos gobiernos –ahora
de claro predominio neoliberal-.
Pero, ¿por qué no se garantiza el
deber y el derecho de trabajar, sin hacer discriminación (art. 35 de la
Constitución). Pues porque el pleno empleo depende de los principios rectores
que se apliquen…, de la iniciativa de cada cual, y de la situación económica
(eso es lo que se viene defendiendo).
¿Y la Educación? Todos tenemos
derecho a la Educación y se reconoce la Libertad de Enseñanza, así como los
principios democráticos y la formación religiosa (art. 27, 1, 2 y 3). Pero
obligatorio: “la enseñanza básica” (art. 27, 4)… y la autonomía de las
Universidades (art. 27, 10) –tendentes hoy al pragmatismo profesional, el
positivismo jurídico, y el mercantilismo liberal-.
Eso explica en buena parte la carta
de un doctorando en la Universidad, que, tras haber superado por dos veces
pruebas públicas y haberse quedado sin plaza, y tras haber ejercido de interino
y estar ahora en paro por recortes económicos, dirige a su Centro pidiendo que
se difunda la situación en la que se encuentra realmente el derecho a la
Educación.
Con su autorización, pues,
reproduzco la carta y que cada cual reflexione sobre el tema planteado al Equipo
directivo del IES “Antonio Galán Acosta” ; C/ Llanete de los moros, s/n; Montoro
(Córdoba), desde Dos
Hermanas, a 30 de agosto de 2012.
Estimados compañeros:
Hace unas
semanas, desde el Centro, os pusisteis en contacto conmigo vía
telefónica debido a la problemática que acontecerá en unos días en el Centro
educativo por la carencia de un profesional especializado en la materia de
Filosofía, de cara a los exámenes de septiembre. Pues, yo era el único
profesor de la materia y, como interino estoy despedido desde el 31 de agosto.
Sabéis que,
desde el cariño que os profeso, estaría encantado en ir de forma desinteresada
con tal de resolver conflictos, facilitaros la tarea y ayudar al que ha sido
durante un año, mi alumnado.
Tras los
últimos acontecimientos acaecidos con el profesorado de la escuela pública en
Andalucía y España: Los sucesivos recortes, el aumento de horas lectivas, la
creciente presión sobre nuestra tarea, la disminución de los contratos de
personal interino, las faltas repetidas de desconsideración al
profesorado, a las familias, etc., me
llevan a objetar mi conciencia y negarme a facilitar cualquier tipo de
colaboración con una forma de entender la administración educativa contraria a
los más básicos principios racionales y éticos. En todo momento he
colaborado con el Centro en lo que me compete y en lo que no, con tal de
mejorar la convivencia y la educación pública, pues todo nace de nuestra
vocación docente. Incluso he dejado los exámenes preparados, para que el
alumnado se encuentre frente al contenido que han cursado durante el curso
pasado. No obstante, sería lógico esa especie de servicio voluntario/gratuito
en un país del “Tercer Mundo", o en un Estado no consolidado; pero no es
coherente en un Estado de Derecho que defiende y garantiza el Derecho Universal
a la Educación
(o al menos así lo expresa en la Constitución).
Desde la
Delegación, máxima entidad administrativa: Se ha despedido al profesional de la
materia en agosto (para ahorrarse 9 días de sueldo); se os obliga al equipo
directivo a suplir su puesto, corrigiendo exámenes de una materia
ajena a vuestra competencia; se os propone acudir al otro Centro educativo de
Montoro para corregir los exámenes de 2º de Bachillerato, por su importancia en
vista a la Selectividad... Y todo ello, con el desconocimiento de las familias
y del alumnado.
Por vuestra
parte,
algo lógico -para mayor rigor-, se me requieren las respuestas a las pruebas de
recuperación de septiembre. Y me pregunto: ¿Qué paso será el siguiente? ¿Quitar
nuestras materias? ¿No poder suspender en junio? ¿Quitar la recuperación de
septiembre por motivos económicos? ¿Dejar las respuestas junto a los exámenes
en junio, “como si la
Filosofía fuese una ciencia exacta”? ¿Corregir los exámenes
en Delegación? ¿Suplir las bajas del profesorado de mi materia con cualquier
compañero/a de otra especialidad?...
Lo siento, de
veras, pero no puedo colaborar con esta situación irracional e injusta, y que
merma los derechos de todos: Del alumnado implicado, de sus familias, de
nosotros los docentes, de vosotros los equipos directivos,... Y todo, por
cuadrar cuentas por el famoso "recorte", que tenemos que pagar
quienes no lo hemos causado.
ADEMÁS DE
NEGARME a facilitar las respuestas para que personas ajenas a mi materia
corrijan las pruebas que yo, como docente de Filosofía he puesto; QUIERO
MANIFESTAR MI DISCONFORMIDAD POR LA SOLUCIÓN QUE SE OS IMPONE DESDE DELEGACIÓN,
Y EXIGIR QUE EL QUE HA SIDO MI ALUMNADO TENGA UN PROFESOR DE FILOSOFÍA DESDE EL
DÍA 1 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO, ya sea yo mismo o cualquier compañero/a que
esté aguardando un puesto de trabajo de la lista de interinos.
Finalmente, sería
oportuno informar en todo momento al alumnado y sus familias de esta
irregularidad académica. Por mi parte, estoy dispuesto a dar publicidad en
los medios de prensa, en los sindicatos y en los foros educativos, si fuese
necesario. Así mismo, desearía que esta carta o la noticia sobre la misma se
leyera a todo el claustro de profesores y profesoras del Centro, a quienes
recuerdo con cariño y saludo afectuosamente.
Sin
otro particular, y lamentando las molestias causadas, recibid un afectuoso y
sincero abrazo de vuestro compañero,
Fdo.: Álvaro Rodríguez Camacho
¿Se
está garantizando el Derecho a la Educación Pública?