MISERIAS EDUCATIVAS CONSTITUCIONALES

La parte dogmática de la Constitución, en su Título Primero: De los derechos y deberes fundamentales, tiene algunas trampas, puesto que, tras establecer los capítulos 1) “De los españoles y extranjeros”; 2) “Derechos y libertades” (con dos secciones: primera, “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”; segunda, “De los deberes y derechos de los ciudadanos”); y 3) “De los principios rectores de la política social y económica”; en el capítulo 4) “De las garantías de las libertades y derechos fundamentales”, en el artículo 53, 1 se dice que sólo vinculan a todos los poderes públicos los derechos y libertades reconocidos en el capítulo dos del Título Primero. Veamos, pues, lo que no se garantiza y si es verdad que se garantiza la Educación Pública.

De los Derechos Humanos, quedan dependiendo “De los principios rectores de la política social y económica” (cap. III, arts. 39 al 52): la protección de la familia, de los hijos, de las madres, de los niños…; la distribución más equitativa de las rentas, la orientación hacia el pleno empleo, la formación y readaptación de profesionales…, las vacaciones periódicas retribuidas…; el mantener el régimen público de la Seguridad Social, asistencia y prestaciones sociales…, los derechos de los emigrantes en el extranjero y su retorno; el derecho a la salud pública, prestaciones y servicios, la educación sanitaria, la educación física y el deporte… (“todo depende”… de la ideología dominante, de la situación, del Gobierno y del “pecunio” o el moni moni). De los gobernantes dependen también el acceso a la cultura, la promoción de la Ciencia y la Investigación Científica, el derecho a disfrutar del Medio Ambiente (quizás porque el otro “Medio” no pueda ya disfrutarse), la utilización de los recursos naturales, … la conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico (que tanto trabajo podría dar); el derecho a disfrutar de una vivienda digna (art. 47)…; la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural; la política de integración de personas disminuidas desde el punto de vista físico, sensorial o psíquico (“todo depende”)…; incluso las pensiones… y la suficiencia económica durante la tercera edad…; la defensa de consumidores y usuarios, o la defensa de los propios intereses económicos. Todo esto y algo más depende de la política social y económica de los distintos gobiernos –ahora de claro predominio neoliberal-.

Pero, ¿por qué no se garantiza el deber y el derecho de trabajar, sin hacer discriminación (art. 35 de la Constitución). Pues porque el pleno empleo depende de los principios rectores que se apliquen…, de la iniciativa de cada cual, y de la situación económica (eso es lo que se viene defendiendo).

¿Y la Educación? Todos tenemos derecho a la Educación y se reconoce la Libertad de Enseñanza, así como los principios democráticos y la formación religiosa (art. 27, 1, 2 y 3). Pero obligatorio: “la enseñanza básica” (art. 27, 4)… y la autonomía de las Universidades (art. 27, 10) –tendentes hoy al pragmatismo profesional, el positivismo jurídico, y el mercantilismo liberal-.

Eso explica en buena parte la carta de un doctorando en la Universidad, que, tras haber superado por dos veces pruebas públicas y haberse quedado sin plaza, y tras haber ejercido de interino y estar ahora en paro por recortes económicos, dirige a su Centro pidiendo que se difunda la situación en la que se encuentra realmente el derecho a la Educación. 

Con su autorización, pues, reproduzco la carta y que cada cual reflexione sobre el tema planteado al Equipo directivo del IES “Antonio Galán Acosta” ; C/ Llanete de los moros, s/n; Montoro (Córdoba), desde Dos Hermanas, a 30 de agosto de 2012.

Estimados compañeros:

Hace unas semanas, desde el Centro, os pusisteis en contacto conmigo vía telefónica debido a la problemática que acontecerá en unos días en el Centro educativo por la carencia de un profesional especializado en la materia de Filosofía, de cara a los exámenes de septiembre. Pues, yo era el único profesor de la materia y, como interino estoy despedido desde el 31 de agosto.

Sabéis que, desde el cariño que os profeso, estaría encantado en ir de forma desinteresada con tal de resolver conflictos, facilitaros la tarea y ayudar al que ha sido durante un año, mi alumnado.

Tras los últimos acontecimientos acaecidos con el profesorado de la escuela pública en Andalucía y España: Los sucesivos recortes, el aumento de horas lectivas, la creciente presión sobre nuestra tarea, la disminución de los contratos de  personal interino, las faltas repetidas de desconsideración al profesorado, a las familias, etc., me llevan a objetar mi conciencia y negarme a facilitar cualquier tipo de colaboración con una forma de entender la administración educativa contraria a los más básicos principios racionales y éticos. En todo momento he colaborado con el Centro en lo que me compete y en lo que no, con tal de mejorar la convivencia y la educación pública, pues todo nace de nuestra vocación docente. Incluso he dejado los exámenes preparados, para que el alumnado se encuentre frente al contenido que han cursado durante el curso pasado. No obstante, sería lógico esa especie de servicio voluntario/gratuito en un país del “Tercer Mundo", o en un Estado no consolidado; pero no es coherente en un Estado de Derecho que defiende y garantiza el Derecho Universal a la Educación (o al menos así lo expresa en la Constitución).

Desde la Delegación, máxima entidad administrativa: Se ha despedido al profesional de la materia en agosto (para ahorrarse 9 días de sueldo); se os obliga al equipo directivo a suplir su puesto, corrigiendo exámenes de una materia ajena a vuestra competencia; se os propone acudir al otro Centro educativo de Montoro para corregir los exámenes de 2º de Bachillerato, por su importancia en vista a la Selectividad... Y todo ello, con el desconocimiento de las familias y del alumnado.

Por vuestra parte, algo lógico -para mayor rigor-, se me requieren las respuestas a las pruebas de recuperación de septiembre. Y me pregunto: ¿Qué paso será el siguiente? ¿Quitar nuestras materias? ¿No poder suspender en junio? ¿Quitar la recuperación de septiembre por motivos económicos? ¿Dejar las respuestas junto a los exámenes en junio, “como si la Filosofía fuese una ciencia exacta”? ¿Corregir los exámenes en Delegación? ¿Suplir las bajas del profesorado de mi materia con cualquier compañero/a de otra especialidad?...

Lo siento, de veras, pero no puedo colaborar con esta situación irracional e injusta, y que merma los derechos de todos: Del alumnado implicado, de sus familias, de nosotros los docentes, de vosotros los equipos directivos,... Y todo, por cuadrar cuentas por el famoso "recorte", que tenemos que pagar quienes no lo hemos causado.

ADEMÁS DE NEGARME a facilitar las respuestas para que personas ajenas a mi materia corrijan las pruebas que yo, como docente de Filosofía he puesto; QUIERO MANIFESTAR MI DISCONFORMIDAD POR LA SOLUCIÓN QUE SE OS IMPONE DESDE DELEGACIÓN, Y EXIGIR QUE EL QUE HA SIDO MI ALUMNADO TENGA UN PROFESOR DE FILOSOFÍA DESDE EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO, ya sea yo mismo o cualquier compañero/a que esté aguardando un puesto de trabajo de la lista de interinos.

Finalmente, sería oportuno informar en todo momento al alumnado y sus familias de esta irregularidad académica. Por mi parte, estoy dispuesto a dar publicidad en los medios de prensa, en los sindicatos y en los foros educativos, si fuese necesario. Así mismo, desearía que esta carta o la noticia sobre la misma se leyera a todo el claustro de profesores y profesoras del Centro, a quienes recuerdo con cariño y saludo afectuosamente.

            Sin otro particular, y lamentando las molestias causadas, recibid un afectuoso y sincero abrazo de vuestro compañero,

Fdo.: Álvaro Rodríguez Camacho

¿Se está garantizando el Derecho a la Educación Pública?