"Es posible renovar la convivencia" es el título del suplemento del cuaderno nº 209 de Cristianisme i Justicia, publicado a finales de junio del año en curso, 2018, tras un proceso de escucha y diálogo. Pero la pregunta que formulamos es si, en realidad, seremos capaces de renovar la convivencia en el conjunto de España.
De hecho, la crisis de la democracia liberal está produciendo rupturas, acentuándose la diversidad y las grandes desigualdades. "Soplan vientos malignos en el planeta azul", decía Manuel Castells en 2017. Falta respeto hacia posiciones ajenas, podemos decir nosotros, pues, en verdad, constatamos una fractura política y social en Cataluña y de ésta con el conjunto de España, dejando de lado la solidaridad y vulnerando el marco legal que parecía ser elemento sustantivo de la convivencia.
¿Qué se puede hacer ahora?
Recuperar los canales de diálogo implica un cambio incluso personal y colectivo de actitudes entre grupos sociales, económicos, políticos y culturales.
Promover cualquier opción de cambios constitucionales implica renunciar a la unilateralidad, junto con el compromiso de la no violencia.
Reconocer y valorar positivamente la diversidad de culturas lleva consigo el reconocimiento y garantía de los derechos humanos como enriquecimiento de los bienes públicos, frente a tendencias de uniformidad centralistas o centrífugas y periféricas.
Defender la división de poderes y respetar el sistema judicial del Estado de Derecho, obliga a un mayor grado del sentido de la proporcionalidad y de la correlación entre la ética, la política y la justicia, lo que implica el respeto sumo en la garantía de los derechos civiles y políticos de toda la población por igual.
Defender el Estado de Derecho supone también que son las urgencias sociales las que deben ocupar el primer lugar de la agenda política, anteponiendo el bien común a los intereses particulares. Garantizar derechos como la educación, el trabajo digno, el acceso a la vivienda de familias jóvenes y de personas mayores, la salud pública o la defensa del medio ambiente y la garantía de la convivencia y la paz, vienen a ser imperativos éticos que deben traducirse en derechos fundamentales en el horizonte de cualquier Estado ya sea Federal o sea, como lo es ahora, Estado de las Autonomías.
¿Es posible renovar la convivencia?
"Claro que es posible renovar la convivencia, recuperar espacios de diálogo y reconstruir desde la política y las personas una sociedad que nos acoja a todos en nuestra diversidad. Sólo hay que empezar mirando al otro como igual, a cada persona en todo su valor y dignidad".
Esa es la conclusión reflexiva y operativa que se nos brinda en los inicios de este mes de julio, desde una opción humanista actualizada.
De hecho, la crisis de la democracia liberal está produciendo rupturas, acentuándose la diversidad y las grandes desigualdades. "Soplan vientos malignos en el planeta azul", decía Manuel Castells en 2017. Falta respeto hacia posiciones ajenas, podemos decir nosotros, pues, en verdad, constatamos una fractura política y social en Cataluña y de ésta con el conjunto de España, dejando de lado la solidaridad y vulnerando el marco legal que parecía ser elemento sustantivo de la convivencia.
¿Qué se puede hacer ahora?
Recuperar los canales de diálogo implica un cambio incluso personal y colectivo de actitudes entre grupos sociales, económicos, políticos y culturales.
Promover cualquier opción de cambios constitucionales implica renunciar a la unilateralidad, junto con el compromiso de la no violencia.
Reconocer y valorar positivamente la diversidad de culturas lleva consigo el reconocimiento y garantía de los derechos humanos como enriquecimiento de los bienes públicos, frente a tendencias de uniformidad centralistas o centrífugas y periféricas.
Defender la división de poderes y respetar el sistema judicial del Estado de Derecho, obliga a un mayor grado del sentido de la proporcionalidad y de la correlación entre la ética, la política y la justicia, lo que implica el respeto sumo en la garantía de los derechos civiles y políticos de toda la población por igual.
Defender el Estado de Derecho supone también que son las urgencias sociales las que deben ocupar el primer lugar de la agenda política, anteponiendo el bien común a los intereses particulares. Garantizar derechos como la educación, el trabajo digno, el acceso a la vivienda de familias jóvenes y de personas mayores, la salud pública o la defensa del medio ambiente y la garantía de la convivencia y la paz, vienen a ser imperativos éticos que deben traducirse en derechos fundamentales en el horizonte de cualquier Estado ya sea Federal o sea, como lo es ahora, Estado de las Autonomías.
¿Es posible renovar la convivencia?
"Claro que es posible renovar la convivencia, recuperar espacios de diálogo y reconstruir desde la política y las personas una sociedad que nos acoja a todos en nuestra diversidad. Sólo hay que empezar mirando al otro como igual, a cada persona en todo su valor y dignidad".
Esa es la conclusión reflexiva y operativa que se nos brinda en los inicios de este mes de julio, desde una opción humanista actualizada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario