En vistas al futuro,
desde la realidad peninsular e insular de España, situada al Sur-Oeste de
Europa, fronteriza al Noreste con Francia, al Oeste con Portugal y, al sur, con
el Mar mediterráneo y Marruecos, conviene tener ideales políticos con visión de
consenso, descentralización y solidaridad; cohesión social, territorial y
económica; sentido internacional, y defensa y garantía de derechos
fundamentales, en el marco de la Unión Europea.
En tiempos, en plena Primera Guerra Mundial, Bertrand
Russell, el año 1917, escribió dos libros en los que tuvo el valor y el coraje
de defender el pacifismo y el cooperativismo internacional (Ideales
políticos), así como el de postular la necesidad de conjugar al máximo la
libertad y la justicia económica (explorando cómo podría construirse el mundo en
Caminos de libertad: socialismo, anarquismo y comunismo). A finales de la
década de 1930, cuando se propagaban los totalitarismos, él mismo consideró que
la clave para entender la naturaleza humana estaba en el poder, y que su
futuro, el de la naturaleza humana, iba a depender de ser o no capaces de domar
al poder, apostando por la democracia frente a los abusos de poder, las
oligarquías y las tiranías.
En España, con posterioridad a la denominada Revolución de los claveles del 25 de
abril de 1974, que terminó con la dictadura salazarista y que dominaba Portugal
desde 1926, se buscaba también la posibilidad de lograr un Estado Nuevo,
restaurando el sentido democrático. De hecho, desde finales de 1975 hasta
finales de 1978, se produjo una gran actividad desde distintos ámbitos de la
sociedad, e incluso desde las instituciones, que fraguaron en la necesidad de
consenso, en el curso de 1976/77, con el fin de pasar página a la denominada “democracia
orgánica” y alcanzar la democracia parlamentaria representativa de las
distintas opciones políticas.
Como indica Gregorio Peces Barba (en Estudios sobre la Constitución Española), un primer modelo de
consenso era entre las fuerzas conservadoras: Unión de Centro Democrático (UCD)
y Alianza Popular. Luego, un segundo modelo era Partido Socialista (PSOE)-UCD,
núcleo que tomaría la iniciativa y al que se sumarían de inmediato los
Nacionalistas Catalanes, el Partido Comunista, y algún sector de Alianza
Popular que lideraba Manuel Fraga. En ese segundo modelo ya hubo un consenso
amplio de lo que los constitucionalistas denominan la parte dogmática:
derechos, principios y valores, ya que era la forma pertinente de lograr una
integración. Desde ahí, se comprende la complejidad del consenso, incluyendo tanto
los distintos sentires sobre Educación y
sobre la opción republicana como el hecho diferencial y territorial en el
Estado. Por ello, en esa complejidad, se llegó también al consenso en el que el
Jefe del Estado simboliza la unión y la permanencia del Estado, pero carece de
toda prerrogativa, y no es ni poder legislativo, ni poder ejecutivo, ni poder
judicial. Dice Peces Barba: “se llegó a una integración porque hubo algunas
ideas –ninguna institución puede funcionar si no hay unas ideas comunes- en las
que todos estaban de acuerdo. Esas ideas eran los valores superiores, los
derechos fundamentales, los principios de organización de los poderes”.
La reforma de la Constitución de 1978 tendría sentido si
alguna dimensión de su eficacia fallase. El tema es complejo. El consenso optó
por la estabilidad y por la cohesión solidaria. El consenso optó por un deseo
de larga vida a la Constitución de 1978. Basta con leerse atentamente el Título
X de la misma (“De la reforma constitucional”).
Lo prioritario, ahora mismo, es un nuevo consenso con el fin
de garantizar derechos fundamentales, a la luz de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea de marzo de
2010 (dignidad humana, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía, y
justicia), y de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, de 1948, cuya vocación teórico-práctica era garantizar
un nivel de vida digno a toda persona y su familia, asegurando la salud
pública, el bienestar, la alimentación, el trabajo y la cobertura social, la
vivienda, y los cuidados y asistencias especiales en caso de necesidad.
Es, pues, prioritario establecer cuáles son los derechos
fundamentales y que sean garantizados mediante el correspondiente control
público del Estado.
