El Consejo Permanente de la Junta de Andalucía, celebrado en Sevilla, el día 12 de septiembre de 1980, aprobó por unanimidad un "Plan de Urgencia para Andalucía" (PUA) cuya declaración de principios pretendía relanzar la economía bajo el lema de una sociedad más justa, progresiva, solidaria e igualitaria. La transformación y democratización, la realidad sangrante del paro (con un 18,5% de la población activa, entonces), y la necesidad de materializar una voluntad política conjunta de todas las fuerzas sociales, económicas y políticas, concitaron el impulso político de atacar los males endémicos de la realidad andaluza. Pero... ¿Dónde estamos ahora? ¿Hacia dónde nos encaminamos?
Por problemas políticos y de financiación interna y externa, se dilató la puesta en marcha de aquel Plan. De hecho, en las conclusiones del mismo se decía que sin voluntad política de todas las fuerzas operantes no sería viable.
Se pretendía que el crecimiento económico se situara entre un 3 y un 3,5% de crecimiento del P.I.B de Andalucía. Era imprescindible la financiación interna y la externa (la de los Presupuestos Generales del Estado), pero con el esfuerzo inversor de empresas públicas y privadas.
Se consideraban prioridades: la agricultura y las industrias agro-alimentarias, los equipamientos colectivos y sociales, las obras públicas, y las nuevas inversiones. El Plan debía de revisarse previa evaluación temporal. Se pensaba que, en 1985, se podría alcanzar el pleno empleo. Eran de vital importancia el concurso de las Corporaciones Locales (Ayuntamientos y Diputaciones). Se pensaba en una comarcalización y vertebración racional respecto a carreteras, ferrocarriles, obras hidrálicas, viviendas, equipamientos, puertos y aeropuertos...Y, por supuesto, se invitaba a la Banca Privada a atender inversiones preferentes y prioritarias.
Se pretendía que el crecimiento económico se situara entre un 3 y un 3,5% de crecimiento del P.I.B de Andalucía. Era imprescindible la financiación interna y la externa (la de los Presupuestos Generales del Estado), pero con el esfuerzo inversor de empresas públicas y privadas.
Se consideraban prioridades: la agricultura y las industrias agro-alimentarias, los equipamientos colectivos y sociales, las obras públicas, y las nuevas inversiones. El Plan debía de revisarse previa evaluación temporal. Se pensaba que, en 1985, se podría alcanzar el pleno empleo. Eran de vital importancia el concurso de las Corporaciones Locales (Ayuntamientos y Diputaciones). Se pensaba en una comarcalización y vertebración racional respecto a carreteras, ferrocarriles, obras hidrálicas, viviendas, equipamientos, puertos y aeropuertos...Y, por supuesto, se invitaba a la Banca Privada a atender inversiones preferentes y prioritarias.
La realidad de las Universidades, la Investigación y la exigencia de desarrollo integral podrían ayudar en elaborar un nuevo Plan de Urgencia para Andalucía, cuando no acabamos de salir de la crisis y el paro es más alarmante que en los años 80, a pesar de sucesivos gobiernos socialistas. Necesitamos de la voluntad política y de la praxis, pero también de inversiones y transformaciones culturales y estructurales.
Buenos temas de reflexión para el momento anterior a las elecciones andaluzas. No se pueden negar los avances realizados, pero... ¿Dónde estamos ahora? ¿Hacia dónde pretendemos encaminarnos? ¿Cómo lograr levantar, vertebrar y cohesionar definitivamente a Andalucía?
