Debate académico en la UPO sobre el caso Garzón (I)

José Mora Galiana (martes, 13/04/2010) dijo:

Buenos días José María. Agradezco tu apreciación que me parece interesante, pues siempre he pensado, de un tiempo a esta parte, lo que en un momento dado expuse en el Congreso sobre Ignacio Ellacuría, 20 años después, y que se resume en lo siguiente:

"En la dialéctica Universidad y Política hay dos grandes riesgos: uno, el de la pretendida neutralidad científica y profesional que niega la realidad política de la Universidad para hacer de ella un instrumento politizado al servicio de la estructura dominante; dos, el de la politización absoluta que, en la práctica, niega no sólo la autonomía universitaria, sino la realidad y el ser mismo de la Universidad, abandonando la exigencia y el trabajo intelectual. La recta integración, pues, de la dimensión académica y de la dimensión política en la Universidad no es sólo una necesidad para resolver dificultades prácticas sino que es el verdadero principio de solución para que la Universidad llegue a ser lo que debe ser: "Universitas". En busca de la verdadera y necesaria politización de la Universidad considera Ellacuría que la tesis principal consiste en que sólo en la adecuada implicación de lo académico con lo político y de lo político con lo académico se puede encontrar el camino histórico que llegue a definir y poner en práctica el carácter específico de la politización universitaria."
Consecuentemente con esto, pienso que la Universidad de la UPO, con motivo del caso suscitado contra el juez Baltasar Garzón, prestaría un gran servicio si debatiéramos académicamente lo siguiente:

1.- Si, acordes con el Derecho Internacional, teniendo en cuenta la Declaración de Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, se pueden y se deben investigar crímenes de lesa humanidad aunque no se haya derogado ni restringuido la Ley de Amnistía de 1977 (anterior a la Constitución de Diciembre de 1978).
2.- Si, analizada la realidad de la “partitocracia a la española” en la que ha derivado el valor constitucional del "pluralismo político", se debe "actualizar" el sentido democrático con el fin de garantizar una mayor participación activa de la ciudadanía y una real independencia y profesionalidad del poder judicial -en lo humanamente posible-, respecto del poder ejecutivo, del poder legislativo y de la propia presión e influencia directa o indirecta de la partitocracia y de las fuerzas económicas y sociales, en su caso.
3.- Si merece la pena, en este momento, aprovechando incluso la circunstancia de crisis económica, proponer una reforma a fondo del sistema actual de Poder Judicial en España y en sus Comunidades Autónomas. Me parece sumamente necesario que la Universidad se plantee la posibilidad de debatir y aportar sobre estos temas tan necesarios para la salud democrática. Lanzo, pues, el reto no sólo al área de Filosofía del Derecho y al Departamento de Derecho Público sino al conjunto de la Universidad, Rectorado y Consejo Social.

Un saludo